La ocupación ilegal de viviendas se está convirtiendo en una escena cada vez más común en España, impulsada por la crisis económica que azota al país. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento significativo en el número de viviendas ocupadas, reflejando así una situación preocupante en el panorama habitacional nacional.
En muchos casos, los inquilinos ilegales adquieren suministros básicos como el agua y la luz al margen de la ley; en otros casos, se subalquilan dichas viviendas a terceras personas e incluso puede que se utilice el piso para acciones ilegales.
Resulta obvio que para los propietarios de estas viviendas se trata de situaciones difíciles de gestionar, sobre todo si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, es complicado demostrar en un juicio que las viviendas han sido ocupadas ilegalmente.
En nuestro equipo siempre se realizan investigaciones exhaustivas, con el objetivo de obtener pruebas irrefutables para nuestros clientes. Nos encargamos de que dichas pruebas tengan validez y puedan utilizarse en los procesos judiciales.
En la mayoría de los casos, la única manera de demostrar que una vivienda ha sido ocupada ilegalmente es presentando pruebas irrefutables. Es por ello que los propietarios de esas viviendas suelen poner sus esperanzas en la labor de los detectives privados.
Y es que los casos más críticos y complejos requieren de pruebas válidas para demostrar la veracidad de los hechos. El detective privado se convierte entonces en la figura más importante, siendo el único que puede conseguir las pruebas necesarias para interponer la denuncia o demanda correspondiente ante una ocupación ilegal de vivienda.
El protocolo indica que si el inmueble ocupado no es la morada habitual se aplicará el artículo 245 y siguientes del Código Penal (Capítulo V, De la usurpación). Siempre que se tenga conocimiento de la comisión flagrante del delito, en caso de usurpación, la intervención es inmediata, tomando medidas judiciales.
Tanto si se trata del piso o de la casa donde vivimos habitualmente, como si es nuestra residencia de verano o vacaciones, y se demuestra que se trata de allanamiento, entonces la policía podrá proceder al desalojo y a la identificación de los ocupantes así como a su detención, sin necesidad de solicitar medidas judiciales.
La ocupación ilegal de viviendas es un problema complejo que requiere una respuesta adecuada tanto a nivel legal como a través de la obtención de pruebas sólidas. Los servicios de detectives privados como los ofrecidos por Géminis Detectives juegan un papel crucial en la resolución de estos casos.
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