Marco Jurídico de la figura del Coordinador de Parentalidad

1. MARCO JURÍDICO SUPRAESTATAL

• Convención Universal Derecho del Niño (Arte. 3.1 y 4)

Artículo 3.1
“En todas las acciones que conciernen el niño, tanto si son llevadas a cabo por instituciones de bienestar social públicas o privadas, tribunales de justicia, autoridades administrativas o cuerpos legislativos, la consideración principal tiene que ser el interés primordial del niño”.

Artículo 4

“Los Estados miembros tienen que adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y otros de adecuadas para hacer efectivos los derechos reconocidos en esta Convención. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados miembros tienen que tomar estas medidas tanto como se lo permitan sus recursos y, si fuera necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

• Convención Europea sobre Derecho del menor de 1996 (Arte.6.a)

Artículo 6. Proceso de Decisión

“En los procedimientos que afecten un niño, la autoridad judicial, antes de tomar cualquier decisión, habrá:
a. Examinar si dispone de información suficiente con el fin de tomar una decisión en el interés superior de aquel y, en su caso, recoger información complementaria, en particular de los titulares de las responsabilidades parentales”.

• Reglamento Europeo 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º1347/2000.
• Convenios de la *Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
• Convenio de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.

2. MARCO JURÍDICO ESPAÑOL

• Constitución Española (Arte.39 y Arte.118) Artículo 39
  “1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

1. Los poderes públicos aseguran también la protección integral de los hijos iguales ante la ley con independencia de la filiación, y de las madres, sean qué sea su estado civil. La ley hará posible la investigación de la paternidad.
2. Los padres tienen que prestar asistencia completa a los hijos tenidos dentro o fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y en los otros casos en que la ley los obligue.
3. Los niños disfrutarán de la protección prevista en los acuerdos internacional que velan por sus derechos. Artículo 188

“ Todo el mundo tiene la obligación de cumplir las sentencias y las otras resoluciones firmes de los jueces y de los tribunales y de prestar la colaboración que estos requieran en el curso del proceso y en la ejecución de aquello que haya sido resuelto”.

• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce el artículo 158 CC. Artículo 158

“El juez de oficio o a instancia del hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, tiene que dictar:
1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres.
2.º Las disposiciones apropiadas con objeto de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.
3.º En general las otras disposiciones que considere oportunas, con objeto de apartar el menor de un peligro o de evitar perjuicios.

Todas estas medidas se pueden adoptar dentro de cualquier proceso civil o penalti, o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

3. MARCO JURÍDICO AUTONÓMICO

• Estatuto de Autonomía de Cataluña (Arte.17) Artículo 17. Derechos de los menores
  “ Los menores tienen derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social”.
• Código Civil de Cataluña (Arte. 211-6, 233-13, 236-3 y Disposición Adicional Séptima). Artículo 211-6 Interés superior del menor

“ 1. El interés superior de los menores es el principio inspirador de cualquier decisión que lo afecte.

1. El menor de edad, de acuerdo con su edad y capacidad natural, y en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su esfera personal y patrimonial.
2. Por cualquier acto del representante legal que implique alguna prestación personal del menor, se requiere su consentimiento si ha cumplido doce años o si, tiene menos, tenga suficiente juicio. Artículo 233-13 Supervisión de las relaciones personales en situación de riesgo

“ 1. La autoridad judicial puede adoptar, por razones fundamentales, medidas porque las relaciones personales del menor con el progenitor que no ejerza la guarda o con los abuelos, hermanos u otras personas próximas se desarrolle en condiciones que garanticen su seguridad y estabilidad emocional.

1. Si existe una situación de riesgo social o peligro, puede confiarse la supervisión de la relación a la red de servicios sociales o a un punto de encuentro familiar”.

Artículo 236-3 Intervención judicial

“ 1. La autoridad judicial, en cualquier procedimiento, puede adoptar las medidas que estime necesarias para evitar cualquier perjuicio personal o patrimonial los hijos en potestad. A tal efecto, puede limitarse las facultades de los progenitores, exigirle la prestación de garantías y, incluso, nombrar a un administrador judicial.

1. La autoridad judicial puede adoptar las medidas a que se refiere el apartado 1 de oficio o a instancia de los mismos hijos, de los progenitores, aunque no tengan el ejercicio de la potestad, de los otros parientes del hijo hasta cuarto grado por *cosanguitat o segundo por afinidad y del ministerio fiscal”. Disposición Adicional Séptima. Supervisión del régimen de relaciones personales por la red de servicios sociales o el punto de encuentro familiar.

“1. De acuerdo con la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, la autoridad judicial puede confiar la supervisión del régimen de relaciones personales a la red de servicios sociales, si existe una situación de riesgo social o de peligro, porque se haga un seguimiento de la situación familiar.

1. La autoridad judicial, si dispone la intervención de un punto de encuentro familiar de acuerdo con el establecido por el artículo 233-13 del Código civil, tiene que concretar la modalidad de intervención. La supervisión puede consistir en el control de las entregas y recogidas, en la vigilancia de la relación dentro del centro, en la asistencia para facilitar la relación o en cualquier otra modalidad de intervención que sea adecuada.
2. Los responsables del punto de encuentro familiar tienen que presentar a la autoridad judicial un informe de seguimiento cada tres meses o, sin esperar a la finalización del plazo, siempre que haga falta. Tienen que proponer la modificación de la modalidad de intervención si aprecian que concurren circunstancias que lo aconsejen y, así mismo, tienen que proponer al juzgado el cese de la medida si entienden que la relación que pretende garantizarse puede ser perjudicial para el menor.
3. En los casos en que no exista ningún riesgo de violencia, abusos o maltratos, cuando la relación parental se consolide, los responsables del punto de encuentro familiar pueden proponer a la autoridad judicial la derivación del caso a una sesión informativa de mediación familiar.
4. El tribunal puede delegar al servicio técnico de apoyo judicial el seguimiento de las medidas adoptadas respecto al cumplimiento del régimen de relaciones personales y a su supervisión”

• Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña.
• Código Foral de Aragón, Arte.10. Artículo 10 Intervención judicial

“En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del mismo menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictará:
a) Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este deber por sus guardadores.
b) Las disposiciones apropiadas con objeto de evitar al menor perturbaciones dañosas en el caso de cambios de titular de la potestad de guarda.
c) Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los menores por alguno de los progenitores o por terceras personas.
d) En general, las otras disposiciones que considere oportunas, con objeto de apartar el menor de un peligro o de evitar perjuicios.

• Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Derechos y las Oportunidades en la infancia y la Adolescencia (Arte.38, 39, 81 y 116.3)

Artículo 38 Derechos de relación y convivencia

“1. Los niños y los adolescentes tienen derecho a vivir con sus progenitores salvo los casos en que la separación es necesaria. También tienen derecho a convivir y a relacionarse con otros parientes próximos, especialmente con los abuelos.

1. Los niños y los adolescentes tienen derecho a mantener un contacto directo con los progenitores con quienes no convivan.
2. La autoridad judicial o administrativa, según proceda, tiene que tomar las medidas adecuadas para garantizar los derechos de visita a los niños y adolescentes que residen habitualmente en el extranjero.
3. El niño o el adolescente separado de sus progenitores por la adopción de alguna medida judicial o administrativa que comporta el encarcelamiento o la detención de estos tiene derecho a ser informado del lugar y la situación en que se encuentran, teniendo en cuenta siempre el interés del niño o el adolescente.
4. Las administraciones públicas tienen que garantizar el ejercicio adecuado de los derechos regulados por este artículo y de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral en cuanto a su ejercicio, especialmente si hay una situación de conflicto familiar, mediante los servicios de punto de encuentro u otros que cumplan la misma finalidad, con la garantía, en todo caso, del bienestar y la seguridad de los niños y los adolescentes. El régimen, la organización y el funcionamiento de estos servicios se tienen que establecer por reglamento” (Artículo 39 Mediación).

“Los poderes públicos, con objeto de garantizar el derecho de los niños y los adolescentes a relacionarse con sus familias, tienen que fijar procedimientos específicos de mediación familiar. El sistema de mediación también tiene que incluir los conflictos que afectan los niños y los adolescentes en el ámbito familiar”.

Artículo 81 Protección efectiva ante los maltratos a niños y adolescentes. 

“Los poderes públicos tienen que tomar todas las medidas necesarias para proteger los niños y los adolescentes de cualquier forma de maltrato y, especialmente, de cualquier forma de violencia física, psíquica o sexual”.

Artículo 116 Régimen de relación y visitas.

“3. El órgano competente de la Generalitat en la supervisión de la relación y las visitas del niño o el adolescente con sus familiares tiene la obligación de procurar los mecanismos necesarios porque la visita tenga lugar en los horarios más adecuados de acuerdo con el interés del niño o el adolescente, teniendo en cuenta especialmente su horario escolar”.